Chile está convulsionado. Cientos de miles de estudiantes secundarios y universitarios están movilizados. Cerca de la mitad de los liceos, escuelas y universidades públicas han sido tomados por estudiantes o están paralizados. El Instituto Nacional y la Universidad de Chile, prestigiosas instituciones donde estudiaron la gran mayoría de los presidentes de este país, son hoy sede de encendidas asambleas. En estas, se discute acerca del futuro de la educación y de las estrategias para hundir el actual sistema educacional.
La demanda que une todas estas protestas: detener la tramitación de una ley de educación –llamada LGE-, que impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, no satisface las pretensiones estudiantiles. Estas dicen relación con construir un nuevo sistema educacional, público y democrático, que deje atrás el actual modelo individualista y neoliberal.
Los profesores, quienes se habían mantenido al margen de las movilizaciones, decidieron plegarse a la demanda estudiantil de cambio. Lo hicieron a través de un paro nacional que tuvo lugar el pasado miércoles 4 de junio. La acogida a este fue casi total. El Gobierno, a través del subsecretario de interior Felipe Harboe, dimensionó la adhesión a la paralización en un 75% de los educadores. Los maestros, agrupados en el Colegio de Profesores, sostuvieron -en un comunicado de prensa- que el paro fue acatado por un 95% de sus agremiados. Aquel día se registraron manifestaciones masivas en casi todas las ciudades del país.
Un poco de historia
El actual ciclo de protestas es heredero de las inmensas movilizaciones que, entre abril y junio de 2006, pusieron en jaque a Bachelet. Un millón de estudiantes secundarios –mejor conocidos como pingüinos por la forma en que visten- se rebelaron entonces contra el sistema educacional y contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que le da sustento.
A través de tomas de liceos y colegios y de una aceitada y horizontal organización, los pingüinos desnudaron las inmensas deficiencias de la educación chilena que hasta entonces eran ignoradas o minimizadas por el Gobierno y la prensa. “La rebelión de los pingüinos”, como se le conoció internacionalmente, terminó el 6 de junio de 2006, cuando la presidenta Bachelet creó un Consejo Asesor Presidencial para Mejorar la Calidad de la Educación, al que invitó a los estudiantes movilizados. Estos, tras algunas dudas, depusieron las protestas y se integraron al diálogo.
Además de los secundarios, el mencionado Consejo contempló la participación de representantes de los profesores y los estudiantes universitarios. En su conjunto estos tres sectores sociales de la educación, ocuparon 24 de los 80 asientos de este órgano asesor. También participaron en este: dueños de colegios, rectores de universidades, representantes del Ministerio de Educación y numerosos profesionales ligados a la derecha política y académica. Estos últimos, al ser mayoritarios, terminaron imponiendo sus visiones en el Consejo.
El 12 de diciembre de 2006, el Consejo Asesor entregó a la presidenta las conclusiones de su trabajo. Propuso la creación de una superintendencia de educación, encargada de velar por el buen uso de recursos fiscales. También se propuso la creación de una agencia certificadora de la calidad de la educación, y se abría la posibilidad de acabar con el lucro en la educación. Sin embargo, no contemplaba el retorno al Estado de los colegios municipalizados en tiempos de Pinochet, ni el fortalecimiento de la educación pública, como fervientemente deseaban profesores y estudiantes. Estas y otras falencias motivaron a profesores y estudiantes a retirarse del Consejo Asesor. Lo hicieron cuatro días antes que este entregara el informe final a la presidenta.
El 10 de abril de 2007 el Gobierno presentó en el Congreso Nacional el proyecto de reforma de la LOCE y que fuera denominado Ley General de Educación (LGE). Este, en lo sustancial, recogía los acuerdos emanados del Consejo Asesor. A pesar de lo moderado que era, la derecha rechazó su aprobación. Estudiantes y profesores también lo rechazaban, aunque estos últimos por considerarlo claramente insuficiente.
Debido a la negativa de la derecha de darle su apoyo, el proyecto se estancó. Esto, hasta que el 13 de noviembre pasado, la presidenta Michelle Bachelet y todos los jefes de partidos de la oficialista Concertación por la Democracia (Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido Radical y Partido por la Democracia) y de la derechista Alianza por Chile (Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente), alcanzaron un acuerdo que permitiría haría reflotar este proyecto. Eso si, que en el camino dejó fuera todas las demandas centrales de los estudiantes que se movilizaron el 2006.
Al momento de poner la rúbrica, Bachelet definió como “histórico” el acuerdo alcanzado. Y, en un hecho inusual, invitó a todos los ministros y dirigentes políticos presentes a tomarse de la mano y alzarlas como muestra de la unidad nacional que existiría –a su entender- en torno a la propuesta allí presentada. En la ocasión no estuvieron presentes los dirigentes pingüinos que protagonizaron las revueltas de 2006. El retiro de este proyecto del Parlamento y la discusión de uno nuevo son hoy demandas centrales de los secundarios.
En la actualidad el proyecto LGE está en la Cámara de Diputados. Es incierta su aprobación debido a las enormes protestas que ha provocado entre los estudiantes. Más improbable se hace su aprobación si se considera que diputados afines al Gobierno, hicieron indicaciones referidas a la defensa y promoción de la educación pública lo que fue considerado por la derecha como una vulneración del acuerdo contraído con la presidenta. El Presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larrraín, señaló el martes 3 de junio que el acuerdo suscrito con el Gobierno “estaba roto”.
Ley maldita
La LOCE fue dictada por Augusto Pinochet el último día de su mandato (10 de marzo de 1990). Se caracteriza por consagrar la desvinculación del Estado (Ministerio de Educación) de sus responsabilidades formativas. Con la LOCE se dio un marco legal al traspaso de las escuelas y liceos públicos a los 345 municipios del país. Los municipios no tenían ninguna experiencia ni fueron preparados para asumir repentina y tamaña responsabilidad. Ahí se puede encontrar parte de los muy malos resultados que ha tenido la educación municipal chilena en todo tipo de mediciones. La LOCE implicó la consolidación de la privatización de la educación.
Desde que se dictara la LOCE, la libertad de enseñanza -que es interpretada por la derecha como la libertad de hacer negocios en educación-, se ha convertido en un principio intocable que hoy es defendido a muerte.
Con el arribo de los gobiernos concertacionistas (marzo de 1990) y a pesar de las expectativas generadas, poco o nada se ocuparon de mejorar la educación. De hecho, las universidades estatales han sido abandonado a su propia suerte. La Universidad de Chile, a pesar de sus pergaminos, debe autofinanciar el 80% de su presupuesto. Esto la obliga a cobrar altas mensualidades (que en promedio alcanzan los 400 dólares) a sus estudiantes y a endeudarse con la banca. Esta situación se reproduce en toda la educación superior. En la actualidad hay algunas universidades públicas que están próximas a cerrar definitivamente por falta de liquidez o por sus enormes e impagables deudas. Es el caso de la Universidad de Valparaíso.
La educación pública se ha ido deteriorando hasta extremos inconcebibles. En la reconocida medición internacional TIMMS, tomada en 2003, el sistema educativo chileno ocupó el lugar 41 entre 45 países encuestados. Para evitar bochornos mayores el Gobierno de la Presidenta Bachelet decidió no participar en las mediciones que se realizaron de esta prueba el 2007.
En entrevista con El Ciudadano el presidente de la comisión de educación del Senado, el socialista Alejandro Navarro, sostuvo que “es necesario generar una discusión nacional sobre la educación pública en Chile y establecer un conjunto de indicaciones que alejen la administración de los colegios de los municipios los que deberán ser reemplazados por Corporaciones Regionales de Educación Pública. Es decir, un regreso a un esfuerzo estatal, por que los municipios han fracasado en su tarea de administrar la educación”.
Navarro dice que “el proyecto LGE no aborda los elementos esenciales y necesarios para resolver la calidad de la educación ni tampoco incorpora el concepto de educación pública”. Además, sostiene que “es producto de un acuerdo político que no fue debatido por el Parlamento. Y menos aún, consultó la opinión de los actores involucrados en este asunto. Por eso hemos dicho que este proyecto debe ser congelado.
A pesar de pertenecer a las filas oficialistas, Navarro dice que “el Gobierno ni la ministra de educación (Mónica Jiménez) han dimensionado la profundidad de la crisis. La LGE propone medidas parches que no resuelven los problemas planteados”, aseguró.
“Por el contrario –agregó Navarro- la LGE no genera ningún avance sino más bien apunta a la consolidación del actual sistema competitivo, economicista, altamente egoísta. Todo lo contrario a lo que la Concertación prometió al país (hace dos décadas) que fue: mayor equidad, igualdad y humanismo en el vivir”, espetó.
Las movilizaciones de los estudiantes y profesores por una nueva educación están siendo respaldadas por importantes sectores sociales. El 4 de junio la poderosa Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se volcó a las calles de numerosas ciudades para acompañar las manifestaciones de los estudiantes. El Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), hizo otro tanto el martes 3, cuando una veintena de ellos penetró en el Consulado de Argentina en Santiago con el fin de entregar una carta “al pueblo de Argentina y a los pueblos del mundo”. En esta se solicita ayuda internacional para mejorar la educación en Chile.
Estas movilizaciones se dan en un creciente clima de agitación social. El miércoles 4, día del paro de la educación, 60 mil camioneros detenían sus faenas para pedir rebaja al impuesto específico de los combustibles. Lo mismo hicieron los gremios de la locomoción colectiva en casi todo el país. Ese día paralizaron también los carteros de la empresa estatal de Correos, los guardia parques nacionales y los empleados del Instituto de Normalización Previsional (INP). Los pescadores de todo Chile se encuentran fuertemente movilizados en contra de la pesca de arrastre y la virtual extinción de los recursos pesqueros por parte de un pequeños pero influyente grupo de armadores industriales.
Todo indica que los problemas de la educación son ser reflejo de una crisis mayor del modelo de desarrollo existente en Chile.
Francisco Marin
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