Rectores estatales demandan más recursos: ¿algunas preguntas?

martes, 23 de septiembre de 2008

Las noticias del martes 16 septiembreen algunos canales de TV traían un mensaje desacostumbrado: "Hasta una huelga de hambre" anunciaban los rectores de las universidades estatales para conseguir 84 mil millones de pesos del Gobierno que servirían para facilitar, durante cuatro años, el retiro y reemplazo de unos cinco mil docentes y administrativos.

Sin duda, de concretarse esta dramática medida, nuestros rectores darían el paso que --en los términos del escudo nacional-- lleva de la razón a la fuerza.

Por lo mismo, sería conveniente, antes de concretar ese tránsito, hacerse cargo de los argumentos que demanda la razón:

-- ¿Están todas las universidades estatales con su "casa en orden" como para emprender esta operación? Poco se sabe de la forma como la UTEM está abordando su desajuste interno y si acaso la Universidad de Valparaiso está en condiciones de saldar sus deuda, para citar solo un par de ejemplos.

-- ¿Se justifica hacer esta cuantiosa invesrión en un momento en que existen necesidades todavía más ampremiantes, y de orden similar, en el sistema escolar administrado por los municipios?

-- ¿Puede el Gobierno embarcarse en esta operación sin antes definir una política general de financiamiento del sistema de educación superior, como recomendó hacer el Consejo Asesor Presidencial cuyo informe fue entregado en marzo pasado a la Presidenta pero aún no recibe respuesta?

-- ¿Qué tipo de "convenios de desempeño" suscribirían las universidades estatales al momento de recibir este apoyo y cómo se evaluarían los compromisos contraídos?

-- ¿Dentro de qué planes de mejoramiento de la docencia se inscribirían estos recursos especiales, cuánto contribuirían a la necesaria reforma curricular, la flexibiliación de los estudios, la introducción de créditos de aprendizaje, la disminución de la deserción y la mayor movilidad de los estudiantes?

-- ¿Conviene al sistema y al país que el Gobierno siga avanzando en una política de financiamiento universitario que discrimina entre las instituciones en función de su naturaleza jurídica?

-- ¿Cómo se combinarían los recursos ahora solicitados con aquellos otros que el Gobierno comprometió con la Universidad de Chile (50 millones de dolares) y las demás universidades estatales (50 millones de dolares adicionales) para efectos de que ellas modernicen sus facultades de ciencias sociales y humanidades?

-- ¿Qué estudios existen sobre oferta y demanda de personal académico que permita utilizar estos cuantiosos recursos con base en criterios racionales de asignación y no en función únicamente de los intereses de las corporaciones y de la inercia de sus trayectorias pasadas?

-- ¿Cómo justificar este tipo de asignaciones "categoriales" (en el sentido que sólo favorecen a una categoría de instituciones) en un sistema donde una proporción mayoritaria de los estudiantes se matricula en universidades privadas (con y sin aporte fiscal directo)?

-- ¿Qué proyecciones de gasto ha formulado el Gobierno para ampliar los esquemas de becas y créditos para los estudiantes de menores recursos y cómo se conjugan esas proyecciones con las inversiones reclamadas por las universidades estatales para sus planes de renovación de su personal académico?

En suma, hay suficiente material de discusión --espacio por tanto para los argumentos y la razón-- antes que los rectores se pasen al lado de la fuerza.